Lo artificial en los medios.

Lo artificial en los medios.
Caso: Cazzes, más allá de la desinformación.

La premisa central de este texto es acerca del tratamiento de la información como espectáculo por parte de los medios con el objetivo de entretener, pero esta práctica ha rebasado sus límites debido al tipo de recursos que se utilizan para influir en la opinión pública y con ello distorsionar la información para favorecer a determinados grupos de poder.

Actualmente, en México se ha presentado un caso mediático que ha puesto en debate la manera en que proceden los medios para cubrir noticias, las cuales se colocan en la agenda mediante pactos realizados entre los consorcios de medios y funcionarios públicos, quienes se benefician económica y políticamente. Por una parte, los empresarios de medios al dar cobertura a temas controversiales adquieren aumento en los niveles de audiencia y los funcionarios se favorecen de la imagen positiva que se construye en los medios.

Estas noticias que fabrican los consorcios de medios manifiestan empobrecimiento de la opinión pública, la imposición de condicionamientos a la libertad y afectaciones a la vida privada de las víctimas de los escándalos mediáticos, ocasionando con ello desinformación y manipulación hacia la ciudadanía, lo cual contribuye a reproducir un modus operandi en la distribución de información distorsionada.

Esta manera de actuar en la resolución de conflictos que competen al sistema de justicia del Estado mexicano da pauta a la elaboración de un análisis de las relaciones de poder gestadas entre las autoridades que detentan el control gubernamental, los agentes que colaboran en la producción mediática y los protagonistas del escándalo.

En el caso llamado Cazzes es posible observar una serie de actos fuera de la legalidad, dado que la manera en que se procedió en la detención ha sido considerada ilegal , debido a que se representó una escena pre-programada que alteró la veracidad de los acontecimientos.

La manera en que han procedido los medios ha sido totalmente comercial, pues se colocan en la postura de defender sus intereses privados organizado en un modelo de negocio en donde la exclusividad de las notas es lo que asegura mayores ganancias, sin importar la deontología del periodismo y la violación a los derechos humanos de las víctimas, pues refiriéndose al caso de Florence Cazzes, los medios se han adjudicado el poder de declararla culpable y evidenciarla ante las masas, tanto nacionales como internacionales.

En este sentido, se entiende que las instituciones poseen procedimientos para la resolución de un dictamen final que declare culpable o inocente a la detenida, sin embargo las circunstancias en las que se presentó el caso Cazzes a la ciudadanía dan cuenta de un manejo incorrecto de la información y de la incapacidad del sistema mexicano para establecer mecanismos adecuados en la resolución de los procesos penales, lo cual abre la posibilidad que agentes de los medios masivos de comunicación que no tienen competencia en la impartición de justicia comiencen a hurgar en el tema y presentar sus propias audiencias para emitir sus juicios.

Un ejemplo de esta inmersión de los medios en el procedimiento judicial del caso Cazzes es el noticiario nocturno de la empresa Televisa, en el que las víctimas sostenían la plena identificación de Florence Cassez como su plagiaria, decían que la reconocían plenamente porque su voz coincidía con la grabación de audio que en su momento les había presentado la autoridad. Sin embargo, en el expediente judicial, el abogado defensor de la ciudadana francesa, pide a la autoridad correspondiente presente dichas grabaciones para certificar pericialmente que en efecto es la voz de su defendida y por tanto darle valor pleno a la evidencia, a lo que la autoridad no pudo acreditar argumentado que dichas grabaciones no las tenían. También en la misma emisión informativa, se habló de una cicatriz producida por haber inyectado a la víctima una sustancia que anestesiara el dedo para ser amputado, versión que también consta en el expediente que se acreditó que aquella cicatriz era anterior a la fecha del plagio. (Solis, 2011)

En el caso Cazzes, al no coincidir las pruebas con las versiones de las víctimas se deslegitima la autoridad de los encargados del proceso judicial porque los argumentos no son fundamentados en evidencias certeras, por lo cual, el sistema judicial resulta ineficaz, dado que no está cumpliendo con el objetivo de dar claridad al caso, oculta información, los medios la maquillan y por ende la sociedad se confunde al grado que sus opiniones resultan fallidas o alteradas.
Lo anterior expresa que el proceso judicial mexicano revela anomalías que deben evaluarse para transformar el manejo de las instituciones, porque de continuar los abusos del poder, la tergiversación de los hechos publicados en los medios, la confabulación de espectáculos mediáticos para faltar a la integridad de las personas y con ello desviar la mirada crítica de la sociedad hacia su sistema político, administrativo y correctivo, las instituciones pueden llegar a un colapso, que si bien pueden modificar el escenario transformando los procesos o empeorándolos, en el sentido que la sociedad permanezca en su papel pasivo y permita que las autoridades actúen deliberadamente y con ello se haga más visible la arbitrariedad de sus acciones.

Los excesos de coacción a los que recurre el sistema de justicia mexicano justificados en el monopolio de la fuerza para hacer correcciones, en lugar de hacer prácticas legales están cayendo en acciones que violan el estado de derecho, y lo que resulta inaceptable es la adjudicación de triunfos en la aniquilación de la delincuencia que lejos de implantar el orden en el país se promueve un ambiente ideal para seguir con un sistema de castigo basado en el espectáculo.

Lo que haría falta en estas irregularidades penales sería la elaboración de un sistema de información eficaz que permita forjar un juicio de manera transparente y con medidas restrictivas en el manejo de la información antes de emitir los juicios, establecer la regularización de las medidas de seguridad en la información y a su vez instituir las condiciones que limiten el uso de la violencia física y simbólica hacia los detenidos.

Una respuesta a estas modalidades en la impartición de justicia mexicana se manifestó en una reforma constitucional efectuada en el 2008 , según la cual si en una detención se violan los derechos humanos de un sospechoso, todo el proceso penal subsecuente es inválido, lo cual ha dado lugar a una nuevo enfoque que transforma los criterios de acusación del sistema penal mexicano, y que al aplicarse en el genérico de los estados podría transformar los mecanismos para determinar la culpabilidad y a su vez promover el respeto a los derechos fundamentales de los hombres sin violentarse o condenarse previa calificación del delito, tal como ha venido sucediendo en los pseudo-acontecimientos prefabricados por la televisión u otros medios que producen operaciones, tales como la “reconstrucción de los hechos”, esto al margen de la veracidad en la información.

A manera de conclusión, estas representaciones mediáticas que abusan de la situación de los sujetos que pueden considerarse presuntos culpables y que los medios apuntan como delincuentes atentan contra el derecho de los acusados de ser respetados en su vida privada, porque finalmente si resultan culpables quien es encargado de corregir los delitos es el sistema judicial, no los intereses personales de funcionarios que derivan en una tiranía que afecta las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, la controversia del caso Cazzes, es una pequeña partícula de los problemas en la administración de justicia y las deficiencias en la implementación de la transparencia gubernamental, lo cual expresa que la comunidad mexicana está siendo engañada con información falsa sin que exista cuestionamiento a los proveedores de información.

Finalmente, este caso penal, mediático, político, entre otras atribuciones que puede recibir, ha sido un referente esencial para revisar la manera en que opera el sistema acusatorio en México, y su vez resulta útil para plantear la necesidad de tomar una postura crítica frente a la democratización de la información que se ve fragmentada por los personajes que se encuentran adueñados de las estructuras de poder, sostienen la forma de operar de las instituciones y deciden arbitrariamente la manera de proceder en el sistema judicial.

Referencias:
Solis, J. (2012). Intersticios. El affaire Cazzes, los excesos mediáticos. Revista razón y palabra, disponible en
http://www.razonypalabra.org.mx/Intersticios/intersticio_2011/intersticio_2.html

Crónica (2012). Caso Cazzes expone a los medios como verdugos de un sistema penal ineficiente. Disponible en: http://www.cronica.com.mx

Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI.

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